Nuestro despacho ha logrado que una trabajadora obtenga la incapacidad permanente por enfermedad de Meniere en Grado Total. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos ha dado la razón.

Una panadera pastelera afectada por enfermedad de meniere, que le provoca vértigos, caídas, acúfenos e hipoacusia bilateral ha conseguido que se le reconozca su derecho a pensión vitalicia por incapacidad permanente total, gracias a la intervención legal de Pedraza Laboral y Seguridad Social. Esta victoria judicial confirma que las dolencias vestibulares pueden justificar esta clase de incapacidad cuando impiden ejercer el trabajo con seguridad.

La enfermedad de Meniere como causa de Incapacidad Permanente

La enfermedad de Meniere provoca alteraciones del equilibrio, mareos intensos, pérdida de audición y otros síntomas que dificultan tareas físicas y de precisión. En este caso, la trabajadora realizaba labores en obrador, en posición de pie prolongada, con maquinaria, exposición a ruidos y exigencias posturales.

Gracias a los informes médicos y periciales presentados, el tribunal confirmó que no podía realizar las funciones fundamentales de su ocupación. Por tanto, procedía declarar su incapacidad permanente total por enfermedad de Meniere.

Sentencia favorable del TSJ de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia nº 241/2025, de fecha 6 de marzo de 2025, dictada en el recurso de suplicación nº 1014/2024, confirmó la estimación previa del Juzgado de lo Social nº 41 de Madrid.

Puedes consultar la sentencia en la página del Consejo General del Poder Judicial: Pincha aquí

¿Te han denegado la incapacidad?

Si padeces enfermedades que afectan al equilibrio, oído o movilidad, como el síndrome de Meniere, y tu trabajo implica esfuerzo físico o tareas de riesgo, podrías tener derecho a una pensión. Aunque el INSS deniegue inicialmente tu solicitud, como en este caso, una reclamación bien fundada puede revertir la situación.

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Sentencia de nuestra despacho: se concede Incapacidad Permanente en grado de Gran Invalidez. La novedad de la sentencia consiste en que conseguimos precisar como se calcula de la cuantía del complemento de Gran Invalidez. La base de cotización computable para el cálculo del 30% de la última base de cotización que menciona el artículo 196 LGSS para el complemento de gran invalidez es la última base de cotización real COMPLETA de trabajo efectivo de la empleada, lo que supone computar la base de 2.300 euros, que es la de febrero de 2019, descartando la de marzo (que es la que proponía el INSS) porque es incompleta, es decir, no trabajo todos los días del mes.

Puede verla completa en el portal laboral-social.com pinchando aquí

Sentencia interesante obtenida por PEDRAZA LABORAL: Derecho a una indemnización por Despido Improcedente a pesar de que la trabajadora fue declarada en Incapacidad Permanente en Grado Total.

Una trabajadora de EL CORTE INGLES tiene derecho a una indemnización por despido improcedente a pesar de su declaración en situación de Incapacidad Permanente en Grado Total.

Nuestro despacho consiguió a nuestra clienta, previamente y por sentencia, prestación de Incapacidad Permanente en grado de Total. A continuación, EL CORTE INGLES extinguió el contrato de trabajo de forma irregular por esta razón , provocando la improcedencia del despido y el derecho a una indemnización por despido improcedente de más de 20.000 euros.

La sentencia fue publicada en los medios. Puede ver la sentencia completa en el portal laboral-social.com aquí.

La nota de prensa dice:

«Resuelve un conflicto suscitado a raíz del despido de una trabajadora que se encontraba en situación de incapacidad permanente total cuando dicha situación aún no era firme, por haber recurrido la entidad gestora la sentencia de instancia. La trabajadora, defendida por el Ldo. D. David Pedraza Mañogil, venía prestando servicios para El Corte Inglés desde el año 2005 cuando vio extinguido su contrato de esta forma irregular, provocando su improcedencia y el derecho simultáneo a una eventual indemnización por despido improcedente de más de 20.000 euros. Dado que al tiempo de ser cursada la baja por la empleadora la resolución judicial que declaraba a la trabajadora en situación de IPT no había ganado firmeza, ello supuso que la empresa se precipitase en su actuar, de acuerdo con los términos del artículo 49.1 e) del TRET, y no porque no le cupiera obrar en tal sentido, sino porque no cabía hacerlo en ese preciso momento por cuanto el procedimiento judicial de declaración y reconocimiento de grado de incapacidad aún se encontraba sub judice y, por consiguiente, cabía aún la posibilidad de que fuera revertido el sentido de la primitiva declaración reconocida a favor de la trabajadora. Por tanto, el acto protagonizado por la empleadora se calificó por el Tribunal como de extinción injustificada y sin causa de la relación laboral y, en consecuencia, de despido improcedente en los términos del artículo 56.1 y 2 del TRET. En cuanto a la compatibilidad de la percepción de la indemnización por despido con el abono de la correspondiente prestación por IPT, hay que recordar que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la ha reconocido, entre otras, en su sentencia de 7 de julio de 2015 (rec. núm. 1581/2014). Procedió, por tanto, la estimación del recurso y la declaración de improcedencia del despido operado, condenándose a la mercantil a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, optase entre readmitir al trabajador en los mismos términos en que venía prestando sus servicios al tiempo de ser operado su despido con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese hasta el momento de la reincorporación o a que se le indemnizara en la cuantía correspondiente»